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Matanza en la embajada española en Guatemala

La quema de la embajada española en Guatemala fue un incidente bélico internacional ocurrido en ciudad de Guatemala, el jueves 31 de enero de 1980, cuando la Policía de Guatemala ―en el marco de la Guerra civil de Guatemala ― ingresó a la Embajada de España en Guatemala ante la invasión que habían realizado campesinos y en un incidente confuso ocurrió un incendio en el que 37 personas fallecieron.^[2]

Motivaciones

Franja Transversal del Norte

La Franja Transversal del Norte (FTN) fue creada durante el gobierno del militar Carlos Arana Osorio en 1970, mediante el decreto 60-70 del Congreso de la República, para impulsar el desarrollo agrario de la zona.^[3] Se reconocía que la región tenía un gran potencial agropecuario y era idónea para la explotación de maderas preciosas. Sin embargo, en 1974 se empezó a explotar petróleo en las cercanías de la Franja Transversal del Norte a raíz de los descubrimientos realizados por las petroleras Basic Resources y Shenandoah Oil, que operaban en el campo petrolero de Rubelsanto (Alta Verapaz). En 1976, cuando el presidente Laugerud García llegó a visitar la cooperativa Mayalán en el sector de Ixcán (departamento de Quiché), en la Franja Transversal del Norte, este dijo: «Mayalán está asentada en la cima del oro». Con estas palabras dejó entrever que aquella región ya no sería dedicada a la agricultura ni al movimiento cooperativista, sino a la explotación estratégica de recursos naturales.^[4]

Tras esa visita presidencial, las compañías petroleras extranjeras realizaron exploraciones en Xalbal, muy cerca de Mayalán, en el Ixcán, donde perforaron el pozo San Lucas, pero los resultados fueron infructuosos. Esas exploraciones, que abrieron el camino para futuros experimentos petroleros en Ixcán y en el resto de la Franja Transversal del Norte, fueron el principal motivo para la construcción de la carretera de terracería que atraviesa la región. Shenandoah Oil, el Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) y el Batallón de Ingenieros del Ejército se coordinaron para construir ese corredor entre 1975 y 1979, lo que a la postre permitió que algunos políticos, militares y empresarios poderosos de la época se adueñaran de muchas de las tierras de la zona, de gran riqueza maderera y potencial petrolero.^[5]

Movilización campesina

Un grupo de indígenas secundado por el Comité de Unidad Campesina (CUC), la Coordinadora de Pobladores, obreros, cristianos, estudiantes de secundaria y miembros del Frente Estudiantil Robin García que tenían nexos con el Ejército Guerrillero de los Pobres^[a] se movilizó, en 1980, desde el lugar con el fin de protestar y llamar la atención de algunos países europeos sobre las deficientes condiciones de trabajo en el departamento de Quiché y sobre los supuestos abusos que cometía el Ejército, durante el gobierno de Fernando Romeo Lucas García,^[b] a raíz de los combates que se realizaban en el área entre este y la guerrilla. Se protestaba contra la represión a la población civil, con independencia de que esta respaldara o no a los grupos insurrectos en el área. Se cree que Lucas García tenía intereses económicos muy fuertes en la Franja Transversal del Norte, pues tenía tierras en Fray Bartolomé de las Casas y era socio de la Shenandoah Oil, compañía que estaba explorando petróleo en Ixcán en ese momento.^[7]

El hecho

De acuerdo con datos históricos, cerca del mediodía del 31 de enero se reunieron en la Embajada de España en Guatemala Eduardo Cáceres Lehnhoff (exvicepresidente de Guatemala), Adolfo Molina Orantes (excanciller y miembro de la Tribunal Internacional de Justicia de La Haya) y Mario Aguirre Godoy (jurista guatemalteco) con Máximo Cajal López (1935-2014; embajador español de ese entonces). Los exfuncionarios y el jurista visitaban al embajador en el marco de una celebración próxima del Instituto de Cultura Hispánica, cuando irrumpieron 30 campesinos del Quiché acompañados de líderes universitarios y guerrilleros, quienes anunciaron que ocuparían la sede diplomática para solicitar la intervención de España en los sucesos que ocurrían en el noroccidente del país.^[8]

Según el Gobierno guatemalteco de entonces, el embajador Cajal habría convocado la reunión con los guatemaltecos para aprovechar su presencia en la embajada al momento de que el grupo campesino ocupara las instalaciones, de manera que las autoridades respetarían el Derecho internacional y la integridad de la sede diplomática.^[9]

Las fuerzas de seguridad se presentaron y, sin comunicación previa a España, ingresaron a la embajada española, que era territorio soberano español. Forzaron a los ocupantes y a los rehenes a refugiarse en una habitación del segundo nivel del edificio ocupado por la embajada. Tras un intenso asedio se inició un incendio dentro de las instalaciones. El origen es fuente de discusiones: los representantes de la izquierda guatemalteca indican que fue provocado por lanzallamas y por el uso de fósforo blanco, mientras que el Gobierno guatemalteco de entonces enfatizó que los ocupantes de la embajada se inmolaron con las bombas molotov que llevaban, porque tenían planeado realizar el suceso.^[c]

La prensa española publicó fotografías de un policía con un lanzallamas,^[10] además de las pruebas testimoniales y periciales que confirmarían que varias víctimas habían sido baleadas. Incluso, según la testigo presencial Odette Arzú, adscrita a la Cruz Roja Guatemalteca, la mayoría de las víctimas estaban quemadas solo de la cintura hacia arriba.^[1]

Versiones

En lo que coinciden todas, es que unos días antes el embajador Máximo Cajal (1935-2014) había visitado el departamento de Quiché, donde se había reunido con los representantes del Comité de Unidad Campesina^[1] y con el comandante guerrillero Gustavo Meoño, del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP).^[11]

Existen varias versiones de las causas del hecho:

Versión de Máximo Cajal López, embajador español

En su libro "¡Saber quién puso fuego ahí!" ^[12] (2000, Siddhartha Mheta Ediciones, Madrid), con prólogo del expresidente español Felipe González, Máximo Cajal declara, con el aporte de documentos, que su visita a Quiché tuvo como finalidad visitar a los sacerdotes españoles de la zona y que nunca se reunió con representante alguno del movimiento campesino, antes al contrario, rechazó expresamente una invitación en ese sentido.

Durante los siguientes años, sucesivas comisiones de investigación llegaron a la conclusión, aceptada por el Gobierno democrático de Guatemala de 1984, de que las víctimas habían muerto por quemaduras producidas por granadas de fósforo blanco. Se supuso que la Policía Nacional de Guatemala era la responsable de lo acaecido y se exoneró a los ocupantes de cualquier responsabilidad en el trágico desenlace.^[d]^[13]

Versión del gobierno militar de Lucas García

La toma de la embajada de España fue planificada por el embajador Máximo Cajal, quien pensaba utilizar a sus invitados como rehenes, dado el considerable prestigio que estos tenían en los círculos oficiales e intelectuales guatemaltecos de la época. Por ejemplo, Adolfo Molina Orantes había sido canciller en dos ocasiones y era un jurisconsulto respetado en el mundo entero tras su brillante actuación en el Caso Nottebohm ante la Corte Internacional de La Haya. No se trató de una toma pacífica por campesinos porque los asaltantes eran liderados por guerrilleros que llevaban bombas molotov y armas. Estas armas fueron usadas para retener por la fuerza a los rehenes, según demostraron las autopsias que se efectuaron. Además las bombas estallaron desde dentro, quemando a todos, cuando la policía imprudentemente, ingresó a las instalaciones de la embajada.^[14]^[15] Algunos medios españoles concordaron en su momento con esta versión.^[14]

El embajador Cajal, al permitir el acceso de los protestantes violó el artículo 41 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.^[11]

La policía desobedeció la prohibición de Cajal e intentó invadir el edificio (que era territorio español), de donde recibían constantes llamadas telefónicas de los rehenes para pedir auxilio. Los policías antimotines avanzaron, rompieron la puerta del despacho del embajador ―donde estaban reunidos los terroristas armados con bombas molotov y adonde habían llevado a los rehenes― y dispararon.^[11]

Las bombas comenzaron a explotar, lo que provocó un incendio con el saldo de 37 muertos (todos calcinados). De los que estaban en aquel salón, solo se salvaron el embajador Cajal y Gregorio Yujá Xoná quien esa noche fue secuestrado del hospital y asesinado.

Postura del Gobierno guatemalteco democrático de 1984

Ya en 1984, en el Comunicado Conjunto^[16] del 22 de septiembre previo al restablecimiento de relaciones diplomáticas, «El Gobierno de Guatemala reconoce que lo sucedido constituyó una violación de los artículos 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de la que ambos países son parte, y por tanto acepta, en relación con España, los efectos y consecuencias jurídicas que de ello pudieran derivarse.» Y con la consolidación de Gobiernos elegidos, la postura del Gobierno se ha fortalecido en ese sentido. Así, cuando el entonces ministro de Relaciones Exteriores del presidente Álvaro Arzú, Eduardo Stein^[e] visitó oficialmente España en marzo de 1996, pidió «públicas excusas» al Gobierno y pueblo español por la «vergonzante actuación» de fuerzas armadas guatemaltecas en el asalto a la embajada de España que constituyó «no solo una violación del derecho internacional sino uno de los episodios más negros de la Historia guatemalteca». Stein confesó «sentir vergüenza» personal por actuación tan brutal y la insidiosa y falsa campaña contra el embajador Máximo Cajal (1935-2014), según reportó en 2014 el entonces embajador de España en Guatemala, Yago Pico de Coaña.^[17] El 3 de febrero de 1998 el Congreso de la República acordó por unanimidad «Que en el año de 1980 un grupo de campesinos hizo suyos los sufrimientos, necesidades y peticiones de la inmensa mayoría guatemalteca que se debate entre la pobreza y pobreza extrema, al tomar la embajada de España con el único fin de que el mundo conociera su situación».^[18]

Versión del licenciado Adolfo Molina Sierra, hijo de una de las víctimas

El licenciado Adolfo Molina Sierra fue testigo de los hechos del 31 de enero de 1980, y era hijo de una de las víctimas: Adolfo Molina Orantes (excanciller y miembro de la Corte Internacional de Justicia de La Haya).

El resultado

El resultado fue la muerte de 37 personas (y 2 más en días siguientes) y la ruptura de relaciones diplomáticas entre España y Guatemala como resultado de la invasión, que no se volverían a normalizar hasta el 22 de septiembre de 1984 con un tratado firmado en Bogotá (Colombia). Tres lograron sobrevivir al incendio: el embajador Máximo Cajal López (1935-2014), el abogado Mario Aguirre Godoy y el campesino guerrillero Gregorio Yujá Xoná (quien logró salvarse cobijándose bajo los cadáveres calcinados de sus compañeros). Esa noche, Yujá Xoná fue secuestrado del hospital donde estaba internado y asesinado; su cadáver fue arrojado frente a la rectoría de la Universidad de San Carlos, y tenía un cartel colgado del cuello con la frase «Cajal, comunista, te ocurrirá lo mismo». El embajador Cajal también fue perseguido esa noche y tras escapar del hospital privado en que se encontraba, pidió refugio en la casa de habitación del embajador de Estados Unidos, en donde se sufrió un atentado al ser disparados balazos contra el inmueble. El día del entierro de las víctimas fueron asesinados Gustavo Adolfo Hernández y Jesús España.

Al día siguiente, el Gobierno español evacuó al embajador Cajal, con la asistencia del cuerpo diplomático en Guatemala. Al instante de abandonar el embajador español espacio aéreo guatemalteco, el Gobierno español emitió un comunicado oficial anunciando la ruptura inmediata de relaciones diplomáticas con Guatemala y la expulsión inmediata de los representantes de la dictadura de Lucas García de territorio español. Meses después fue asesinado de 55 disparos Roberto Mertins Murúa, profesor en la Universidad Rafael Landívar y director del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica (CCE/G) ―actual Centro Cultural de España en Guatemala―,^[20] que había criticado en Televisión Española la actuación de las autoridades militares en el asalto a la embajada.

Fue el punto de partida de las grandes masacres de los años ochenta: tras la victoria sandinista en Nicaragua en 1979 y el inicio de la presidencia de Ronald Reagan en los Estados Unidos en enero de 1981, se recrudecieron las posiciones de los bandos en conflicto durante la Guerra Civil de Guatemala. Entre 1980 y 1983, militares y paramilitares masacraron a una gran cantidad de personas,^[21] en especial en las áreas de la Franja Transversal del Norte y del departamento de Petén, donde empresas como la Basic Resources habían encontrado petróleo, aduciendo que todas estas eran miembros de la insurgencia guatemalteca.^[22]^[23] Este hecho propicio una seguidilla de ataques guerrilleros en consecuencia del fallido operativo.^[24]

Algunos nombres de los que perecieron en el incendio de la embajada son:

Eduardo Cáceres Lehnhoff: exvicepresidente de Guatemala y miembro del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica.
Adolfo Molina Orantes: exministro de Relaciones Exteriores, expresidente del Instituto Guatemalteco de Cultura Hispánica y miembro de honor del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid (actual AECID).
Jaime Ruiz del Árbol: cónsul español.^[25]
Otros dos ciudadanos españoles: Luis Felipe Sanz y María Teresa de Villa (madre de monseñor Gonzalo de Villa, quién resultaría siendo Arzobispo de Guatemala en 2020).

Las otras víctimas mortales en la embajada fueron:^[26]

Reflexiones

En 2005, el diario español El País publicó una reflexión del entonces embajador Cajal:^[27]

Juicio

El 1 de octubre de 2014 en la ciudad de Guatemala, en el Tribunal Primero B de Mayor Riesgo inició el juicio contra el exjefe de la extinta Policía Nacional, Pedro García Arredondo, por la muerte de 37 personas, al haber ordenado ejecutar el ingreso de los miembros de la Policía Nacional al inmueble por órdenes superiores y que por esta acción sucedió el incidente dentro del inmueble.^[28]^[29] La Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, el padre y un primo de la cual estuvieron involucrados en este hecho, testificó en el proceso, en el que, además, participó como querellante.^[30]

García Arredondo fue el único enjuiciado, ya que muchas de las presuntas autoridades que ordenaron el ingreso y de los participantes habían fallecido:

Fernando Romeo Lucas García: falleció en Venezuela, debido a la enfermedad de Alzheimer, en 2006.^[31]
Germán Chupina Barahona: falleció en 2008.^[32]
Máximo Cajal López: falleció en 2014.^[33]

Reacción de España

Deliberaciones

La defensa del que fuera jefe policial Pedro García Arredondo, único acusado en el juicio por el incidente en el que ocurrió la muerte de 37 personas quemadas en 1980 en la embajada de España en Guatemala, aseguró que su representado no evitó que nadie saliera del lugar; además argumentó que en cualquier toma de rehenes hay «daños colaterales».^[35]

En el debate oral y público en la Torre de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco, donde el Tribunal B de Mayor Riesgo de Guatemala escuchó los argumentos finales del Ministerio Público (MP) y otros querellantes. El abogado defensor explicó que la embajada se quemó desde adentro y que el incendio se originó por las bomba molotovs que llevaban los ocupantes de la embajada.^[35]

García Arredondo, de 69 años, dirigía un comando de la ahora extinta Policía Nacional y, según las investigaciones de la fiscalía, fue quien dio la orden de ingresar a la embajada española, que había sido ocupada por un grupo de supuestos campesinos y estudiantes guerrilleros que denunciaban la represión militar en contra de los grupos insurgentes. La defensa dijo que no se logró romper la presunción de inocencia de García Arredondo, pues fue condenado por ejecutar la orden de ingresar al inmueble y que eso provocó el accidente dentro de la embajada.^[35]^[36]

La fiscalía guatemalteca, por su parte, afirmó que las treinta y siete personas murieron en una "operación policial clandestina", ejecutada por la Policía Nacional (PN) del país centroamericano y solicitó una pena de treinta años de cárcel para García Arredondo por cada víctima, además de 80 años en total por dos delitos de intento de homicidio.^[35]^[36]

Por la mañana del 20 de enero de 2015, las juezas escucharon las últimas palabras de García Arredondo antes de declarar cerrado el debate en su contra y deliberar en secreto el fallo. El exjefe policial insistió en su inocencia al explicar que no había una sola evidencia ni señalamiento directo de los testigos en su contra.^[37]^[36]

Fallo del tribunal

Por unanimidad, las juezas Irma Jeannette Valdés, Sara Yoc Yoc y María Eugenia Castellanos determinaron que García Arredondo ejecutó órdenes de superiores al ingresar a la embajada, las cuales dejaron la muerte de 37 personas en sede diplomática, el 31 de enero de 1980. El fallo del Tribunal fue leído en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia el 20 de enero de 2015 y García Arredondo fue condenado a cuarenta años de prisión por la invasión de la embajada y cincuenta más por la muerte de dos estudiantes universitarios.^[37]

Los elementos que fueron probados, de acuerdo a la sentencia condenatoria, fueron:

La sede diplomática fue tomada por campesinos que de manera pacífica denunciaron los abusos del Ejército y la Policía en el departamento de Quiché.^[37]
Los ciento cincuenta agentes policiales a cargo de García Arredondo habían sido concentrados para efectuar un operativo en la embajada, y que la orden que había recibido era de sacar a los manifestantes del lugar.
La Policía no tenía ningún interés en negociar, sino sacar a los ocupantes de la embajada.
La embajada fue violentada por las fuerzas de seguridad, que ingresaron sin contar con la autorización del embajador.
García Arredondo sabía lo que iba a suceder.^[37]
El incendio no se originó como resultado de un plan de inmolación de los campesinos que ingresaron en la sede diplomática, pero tampoco fue probado cómo se originó.
Dos días después del siniestro, dos estudiantes universitarios que participaban en el cortejo fúnebre de las víctimas fueron asesinados a manos de agentes a cargo de García Arredondo.^[37]
El Embajador Máximo Cajal tuvo previo conocimiento de la ocupación. (Enunciado de la Sentencia en el Juicio de 2014)

Lo que no se pudo comprobar fue lo siguiente:

La razón por la que estaban reunidos con el embajador español Máximo Cajal varios importantes políticos guatemaltecos -el exvicepresidente Eduardo Cáceres Lehnoff, el excanciller Adolfo Molina Orantes y el abogado Mario Aguirre Godoy- que habían sido convocados por Cajal para esa fecha y hora a la embajada.^[g]
Cómo logró escapar el embajador Cajal del incendio en la embajada, mientras el resto de los ocupantes no pudo salir.^[11]

El exjefe policial fue condenado por la muerte de 39 personas, el intento de asesinato contra dos —Cajal y López y Yujá Xoná—, y delitos contra los deberes de humanidad.^[37]^[h]