El periodo parlamentario 2021-2026 del Congreso de la República del Perú corresponde a las sesiones legislativas del parlamento elegido en las elecciones generales de 2021, que se instaló el 27 de julio de 2021 con el mandato de sesionar hasta el 26 de julio de 2026.[2]
Comisiones Ordinarias del Congreso (2023-2024)
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Para agosto de 2023, se reportaron 51 renuncias de congresistas.[63] Sin embargo, al terminar 2023, tres de los ocho parlamentarios acusados de cometer faltas fueron suspendidos en ese año.[64] El resultado fue un considerable aumentó de los denominados «No agrupados», como la segunda fuerza parlamentaria.[65]
Según RPP, para agosto de 2023, de los 130 congresistas, 82 consignan carpetas fiscales, entre denuncias e investigaciones.[66] Para abril de 2024, solo se aplicaron 21 de 171 denuncias a parlamentarios desde la Comisión de Ética.[67] Además, para 2024, es el único país de Sudamérica en permitir que sus sesiones sean completamente virtuales.[68]
Durante los primeros dos años se realizaron 31 congresistas solicitaron licencia para ausentar a sus sesiones del Pleno y comisiones, mayormente justificadas por licencias por viajes.[69] El propio ente destinó para ese año más de un millón y medio de soles.[70] Inclusive se buscó a una agencia para coordinar los vuelos internacionales, acorde a registros del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.[71] Por otro lado, se destinó la construcción de una exclusiva zona de playa para todos los trabajadores en diciembre de 2023.[72]
En 2021, María del Carmen Alva implementó una medida que permitía a los militares en retiro en el Parlamento percibir una remuneración adicional, en aparente conflicto con la Ley 19846, que expresamente prohíbe dicha práctica.[73][74]
En el marco de la crisis política peruana, el Congreso de la República generó controversia por la falta de consenso en la aprobación de sus proyectos de ley. En los primeros 17 meses de su gestión, se propusieron más de una centena de propuestas de reforma constitucional.[75] Mientras que en 2023 se promulgaron 497 proyectos de naturaleza declarativa (20 % del total), esto es, que no generaban alguna modificación relevante en la sociedad.[76]
Medios políticos afirmaron que la mayor parte del Congreso tiene representación conservadora.[77][78][79][80] Además, en referencia de la crisis electoral de 2021, el Poder Legislativo aprobó varias mociones de vacancia presidencial contra Pedro Castillo.
Durante el periodo parlamentario, los integrantes del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder descubrieron, en el curso de sus investigaciones, conversaciones entre el asesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, y al menos 11 congresistas.[81] Estas conversaciones revelaron un presunto conflicto de interés[a] que involucra a altos cargos del Parlamento, como José Williams Zapata y Lady Camones.[83] La abogada Yorka Gamarra remarcó que, a la luz de dichas revelaciones, el Congreso inició un juicio político contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, con el objetivo de modificar su composición y eludir una posible investigación sobre Patricia Benavides, la principal figura de la Fiscalía.[84]
Por otro lado, se aprobaron medidas que revirtieron disposiciones previamente implementadas.[85] En particular se realizaron medidas dictadas en la última sesión legislativa de 2023, que afectarían la democracia, la educación y los derechos humanos y ambientales.[86] Entre ellas, se encuentran la aprobación de la contrarreforma universitaria para debilitar las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), el dictamen que excluye la formación de movimientos regionales para competir con los partidos políticos,[87] la eliminación del sistema de colaboración eficaz para funcionarios acusados de corrupción,[88] las disposiciones para autorizar los predios privados con actividad agropecuaria[89] y la eliminación de las elecciones primarias abiertas y obligatorias para los partidos políticos. El analista Oscar Díaz señaló que el órgano legislativo ha sido criticado por la baja calidad de sus normas, lo que ha llevado a denominarlo «Parlamento dinamita».[90]
Asimismo, el Congreso propuso retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. En septiembre de 2023, se puso en marcha tres planes para justificar su salida.[91] Al mes siguiente, se aceptaron dos propuestas para llevarlas a discusión.[92]
En 2023, a pesar de la ausencia de una declaración de ilegalidad por parte del Tribunal Constitucional en relación con la disolución del Congreso,[93] el político Alejandro Muñante interpuso una denuncia alegando su ilegalidad.[94] Al año siguiente, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó la referida denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra, sus ministros de Estado y los exmiembros del Tribunal Constitucional por su participación en la disolución del Congreso de 2019.[95]
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